Visiones sobre la Educación Pública

 Visiones sobre la Educación Pública

Texto PDF

La educación no es un derecho

José Niño

Entre los temas de la política estadounidense, la educación pública sigue siendo una vaca sagrada para muchos votantes. Las élites políticas nos recuerdan incesantemente que la educación pública es un pilar fundamental de la civilización. Sin educación pública, continuaríamos siendo salvajes sin educación. Todas las innovaciones que vemos ante nosotros como Internet no serían posibles si no fuera por la cartera educativa proporcionada por el estado. O eso nos dicen.

La educación gratuita no es tan gratuita después de todo

Casi dos siglos de intervención del gobierno en la educación han condicionado a los ciudadanos a creer que no solo la educación es un derecho, sino que de alguna manera es gratuita. Esta perspectiva es miope en el mejor de los casos. Un segmento sustancial de la población ni siquiera usa la educación pública. Aquellos que optan por no participar de la educación pública, como los educadores en el hogar y los estudiantes privados, se ven obligados a subsidiar a otros que asisten a escuelas públicas. Como observó Frederic Bastiat, "el gobierno es la gran ficción a través de la cual todos se esfuerzan por vivir a expensas de todos los demás".

La observación astuta de Bastiat, desafortunadamente, sobrevuela las cabezas de las masas, quienes han sido engañados por los políticos y la intelectualidad para creer que estos servicios son "gratuitos" y deben ser provistos por el conjunto de la sociedad. La verdadera tragedia en esta ecuación es la mala asignación de recursos que de otro modo se hubieran utilizado para actividades más productivas. La gente ve las escuelas públicas pero no miran más allá del momento. Pasan por alto los esfuerzos productivos que podrían haberse creado si ese dinero no se hubiera redistribuido en primer lugar. No es exagerado decir que bajo un sistema donde las personas pueden conservar su dinero, todavía tienen la capacidad de construir sus propios arreglos educativos en el mercado libre. Ahí radica la belleza de una economía libre de coerción gubernamental. Las empresas emprendedoras surgirían espontáneamente y adaptarían sus servicios de acuerdo con las preferencias del consumidor, no por el diseño burocrático o los caprichos de las élites políticas.

La educación es otro servicio de mercado

No hay nada mágico en la educación; funciona como cualquier otro bien o servicio. Para la mayoría de las profesiones existe una demanda inherente de trabajadores educados.Por lo tanto, es lógico pensar que las personas trabajarán en su propio interés para educarse o construir instituciones educativas para brindar a los demás las herramientas necesarias para unirse a la fuerza de trabajo. De hecho, ya existen instituciones educativas paralelas como Coursera, Khan Academy y Lynda, donde las personas pueden adquirir habilidades de alta demanda a precios razonables.Por no mencionar las formas alternativas de escolarización, como el método Montessori, también nos dan un adelanto de cómo sería la educación en el mercado libre.

El ciclo interminable de la burocracia

Pero cuando comenzamos a declarar que todo es correcto, y por lo tanto requiere la participación del gobierno, surge un nuevo conjunto de problemas. Cuando el Estado se apropia de un sector de la economía, no solo lo monopoliza, el Estado destruye cualquier apariencia de cálculo económico. Destruyendo la capacidad de los propietarios para comparar costos y ganancias, o discernir ganancias y pérdidas, asegura una toma de decisiones económicas incoherentes y una experiencia subóptima para los consumidores de dichos productos o servicios.Esta observación ha pasado de lo teórico a lo práctico. Por otro lado, la libre empresa responde a los consumidores, que tienen el poder de cerrar las organizaciones si sus servicios no están a la altura. El concepto de que la educación debe disfrutar de un monopolio gubernamental ejemplifica la arrogancia de los actores políticos que piensan que las personas libres son incapaces de llevar los servicios educativos al libre mercado. Tenemos el potencial de vivir en el mundo de la educación de un Supersónico pero la clase política insiste en usar prácticas de Picapiedras como la coerción estatal para proporcionar educación.

 

 

Educación pública y gratuita como garante del derecho a la educación

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez

El DERECHO UNIVERSAL (con mayúsculas) a la educación tiene que garantizarse para todos y todas por igual. Ello requiere un servicio educativo público (de titularidad y gestión pública) que sea gratuito en todas las etapas y en sentido pleno, es decir, que incluya también el acceso y los materiales didácticos que profesorado y alumnado necesiten para su proceso de aprendizaje. El derecho a la educación debe entenderse también como derecho de todo el alumnado a aprender con éxito, al margen de su origen o condiciones socioeconómicas, culturales o de índole personal. Se trata de no trasladar el modelo de competitividad y lucha darwinista económica y social a la escuela. No podemos tolerar que el sistema educativo, por falta de recursos y medios suficientes, permita que solo algunos tengan éxito y puedan acceder a todos los niveles educativos, mientras otros fracasan y quedan excluidos de las distintas posibilidades formativas actualmente existentes, o segregados en itinerarios de menor nivel, destinados a vías sociales y laborales de segundo orden. El fracaso escolar acaba siendo la plasmación del “fracaso social” en una sociedad que sigue sin considerar la educación como una prioridad irrenunciable para garantizar el derecho de todos y todas a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Y la única posibilidad real para asegurarlo es un sistema educativo público y gratuito.

Competir por un bien de consumo

Sin embargo, las políticas educativas neoliberales y conservadoras tratan de destruir la concepción de la educación como un derecho social fundamental que ha de ser protegido por el Estado. Bajo este enfoque lo que se persigue, de hecho, es separar progresivamente la educación de la esfera pública, regida por la autoridad política, para confiarla al mercado. En el mercado, cada cual, tanto ofertante como demandante, teóricamente se regula por su cuenta, en función de su fuerza y sus posibilidades. La educación pasa así a ser un elemento de consumo individual, variable según el mérito y la capacidad de los consumidores y las consumidoras. Pasa así del ámbito prioritario de los valores culturales y educativos a la lógica urgente del valor económico. Este replanteamiento se asienta sobre una suposición básica: la educación, como cualquier otro producto que se compra y vende, es una mercancía con la que aseguramos que determinados niños y las niñas (en algunos casos de nuestra propia familia o grupo) tengan la mejor posibilidad de salir adelante en la lucha despiadada y competitiva de cada uno contra todos en el sistema de darwinismo social del mercado. Y a “los míos” trato de conseguirles las mejores “oportunidades” para que puedan competir en las mejores condiciones.De esta forma, lejos de ser un derecho del que gozan todas las personas, dada su condición de ciudadanas, la educación se concibe como una “oportunidad” que quien tiene recursos le ofrece a los suyos, en la esfera de un mercado regulado por la oferta y la demanda (el mercado escolar). La ciudadanía, más preocupada por lograr mayores cotas de justicia social e igualdad de oportunidades, queda desplazada por los consumidores y consumidoras para quienes rigen las leyes del mercado: seleccionar las mejores posibilidades y competir para triunfar con ellas.

¿Podemos pagar el precio de la gratuidad?

Como dice el que fuera durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard, Derek C. Bok, “si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”. Ya expresaba esta convicción de forma contundente el famoso dramaturgo Víctor Hugo afirmando: “Cada vez que se abre una escuela se cierra una cárcel”. Por eso, aparte de la derogación de la LOMCE, que es la consagración normativa de los recortes educativos de este modelo neoliberal, urge revertir todos los recortes y llegar a un pacto estable de inversión educativa que nos sitúe en la senda de alcanzar a medio plazo el 7% del PIB. Es necesario blindar constitucionalmente una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes, pues el alumnado de familias con estudios básicos tienen cinco veces más posibilidades de dejar pronto la escuela. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía James Heckman decía que por cada euro invertido por niña/o el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en educación inicial revierte en ocho euros del producto social en las etapas posteriores, una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente.

La lucha por defender la educación pública de las garras del neoliberalismo y su filosofía de convertir todo lo público y común en negocio y beneficio para unos pocos es más necesaria que nunca. A quienes la defendemos nos mueve ante todo y sobre todo la convicción de que educarse y acceder al conocimiento es un derecho universal, que solo puede ser garantizado por un sistema educativo público y gratuito, desde la Educación Infantil hasta la Universidad. Recordemos además que incluso la Universidad es gratuita en trece países europeos. La gratuidad de los estudios universitarios no solo debe ser defendida porque nadie debe verse excluido del acceso a todos los niveles formativos, sino porque tener estudios universitarios permite que los hijos e hijas sufran menos “abandono y fracaso escolar” posterior, como así lo indica el informe anual elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre indicadores de Educación 2016.

Si se quiere, insistimos, se puede.